Un análisis de más de 1.200 programas de gobierno presentados por organizaciones políticas que participan en las Elecciones Subnacionales 2026 evidencia que la igualdad de género no está incorporada de manera integral en la mayoría de las propuestas electorales del país.
El estudio fue realizado por el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer y se basa en la revisión de programas departamentales y municipales, a partir de información publicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“De acuerdo con este análisis, la mayoría de los programas de gobierno no aborda de manera concreta temas que afectan la vida cotidiana de las mujeres, como el acceso a servicios de cuidado, la prevención de la violencia, la salud sexual y reproductiva y la participación en la toma de decisiones a nivel local, entre otros”, afirmó Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer.
El análisis evaluó las propuestas en relación con los cinco pilares de la Agenda País “Por una Bolivia con igualdad” desde la mirada de las mujeres: justicia económica y sociedad del cuidado; justicia social y una vida libre de violencias; derechos sexuales y reproductivos; justicia ambiental con enfoque de género; y democracia paritaria intercultural. Cada programa fue clasificado según el nivel de incorporación de estos pilares como “presente”, “parcial” o “ausente”.
Entre los principales hallazgos se identifica que la economía del cuidado, es decir, las tareas domésticas y de cuidado del hogar y de la familia no remuneradas, que recaen sobre todo en las mujeres, es la dimensión con mayor nivel de omisión: el 95? los programas no presenta propuestas específicas. En la mayoría de los casos, las referencias se limitan a iniciativas generales de desarrollo productivo, emprendimientos o servicios de guardería, sin abordar la corresponsabilidad social del cuidado ni el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado.
En cuanto a derechos sexuales y reproductivos, el 90? las organizaciones políticas no incluye propuestas explícitas. Las menciones existentes suelen centrarse en la salud materna o la prevención del embarazo adolescente, sin incorporar un enfoque de derechos ni medidas orientadas a garantizar el acceso a servicios integrales.
Una vida libre de violencias hacia las mujeres es el ámbito con mayor presencia relativa: el 75? los programas incorpora propuestas parciales o presentes. Sin embargo, el análisis muestra que predominan respuestas orientadas a la atención, como casas de acogida o el fortalecimiento de los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), con escasa articulación intersectorial y limitadas estrategias de prevención estructural.
El estudio también evidencia una desconexión casi total entre género y medio ambiente, con un 98? omisión a nivel nacional. Ningún programa articula de forma sistemática los impactos diferenciados del cambio climático y la degradación ambiental en la vida de las mujeres, incluso en departamentos con alta conflictividad ambiental.
Respecto a la participación política, el 85? los programas no plantea mecanismos concretos para promover el acceso de las mujeres a cargos de decisión. En la mayoría de los casos, se limitan a referencias generales sobre participación ciudadana, sin medidas afirmativas, formación de liderazgos ni compromisos de paridad en espacios ejecutivos.
Análisis por territorio
El análisis comparativo por departamento muestra marcadas desigualdades territoriales. Tarija, Cochabamba y Beni concentran algunos de los casos con propuestas más estructuradas, mientras que Oruro y Potosí presentan niveles críticos de omisión en casi todas las dimensiones evaluadas. Un patrón recurrente es la falta de coherencia entre los planes departamentales y municipales de una misma organización política.
De acuerdo con los resultados, si bien existen experiencias puntuales que demuestran la viabilidad técnica de incorporar un enfoque de género en la planificación subnacional, estas siguen siendo excepcionales. En la mayoría de los casos, la igualdad de género no es asumida como un eje estratégico del desarrollo territorial.
Cabe señalar que el estudio no incluyó a La Paz debido a que el TSE no publicó los programas de gobierno de este departamento dentro del plazo establecido, que vencía el 28 de diciembre de 2025. Hasta mediados de enero, la carpeta correspondiente permanecía vacía.
Los hallazgos buscan aportar información al debate público en el actual proceso electoral y contribuir a la exigibilidad de derechos y a una planificación pública subnacional coherente con el marco normativo vigente. La ausencia de propuestas concretas en materia de igualdad de género evidencia una brecha que las organizaciones políticas aún tienen pendiente saldar ante las mujeres del país, que constituyen la mitad de la población.
NOTA DE APOYO
Irregularidades en programas de gobierno debilitan transparencia electoral
Además de los vacíos en igualdad de género, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer identificó múltiples irregularidades en los programas de gobierno presentados por organizaciones políticas ante los Tribunales Electorales Departamentales.
Entre los principales hallazgos se encuentran incumplimientos en los plazos de publicación establecidos en el calendario electoral, documentos que no estaban disponibles para consulta pública y la ausencia de programas en municipios donde sí existen organizaciones políticas habilitadas para la contienda.
El análisis también detectó el uso de programas idénticos para distintos municipios, con evidentes errores de “copia y pega” e incluso referencias a localidades distintas a aquellas para las que supuestamente fueron elaborados. Estas prácticas contradicen lo establecido en la Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas, que define los programas de gobierno como el resultado de un proceso orgánico de deliberación y compromiso político.
Asimismo, se identificaron programas genéricos presentados para múltiples municipios sin adecuación a las realidades locales, así como casos en los que el uso de herramientas de Inteligencia Artificial evidenciaría la ausencia de una reflexión colectiva previa, tal como lo exige la normativa vigente.
Para la Coordinadora de la Mujer, estas prácticas no solo constituyen incumplimientos formales de la normativa electoral, sino que vacían de contenido un instrumento central de la democracia, afectando el derecho de la ciudadanía a emitir un voto informado y transparente.