Para comenzar, hay que destacar que por primera vez en la historia boliviana, la Constitución Política del Estado ha incluido de forma expresa la separación de la iglesia católica del Estado, instaurando la libertad de religión, y el reconocimiento de los derechos sexuales y derechos reproductivos, aunque con limitaciones expresadas en otros artículos, y que  dan lugar a interpretaciones equívocas y por tanto restrictivas.
Se presentan 12 leyes por orden cronológico descendente, es decir de la más reciente a la más antigua, empezando por el Código de las Familias y el Proceso Familiar, que eleva a 16 años la edad de las mujeres para contraer matrimonio, igualando a la prevista para los hombres en el código anterior y reconoce el derecho a la planificación familiar. El Código Niña, Niño y Adolescente, que garantiza el desarrollo e información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, sexualidad integral y asesoría, prevención del embarazo adolescente, de la violencia sexual y la protección de la maternidad.
La Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral que regula la atención integral de salud de quienes no se encuentran cubiertas por el seguro social obligatorio; está dirigida en especial a mujeres embarazadas y madres recientes, mujeres en edad fértil, y a la atención de la salud sexual y reproductiva; abroga la ley del SUMI. La Ley de la Juventud, que delega a las entidades territoriales autónomas el desarrollo de políticas de educación para la sexualidad responsable, la maternidad y paternidad responsable, sana y segura, y programas preventivos de salud.
La Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, que establece medidas para la prevención y sanción de la violencia sexual, la atención y protección a mujeres que la sufren, y mecanismos para garantizar el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. La Ley Integral contra la Trata y el Tráfico de Personas contiene disposiciones especialmente para prevenir y sancionar la trata de mujeres con fines de prostitución, violencia sexual comercial, y delitos que afectan gravemente su libertad sexual.
En el ámbito de la salud, la Ley de Prevención del Cáncer Cervico Uterino y de Mama, que facilita a las mujeres la realización de exámenes preventivos de papanicolau y mamografía una vez al año; la Ley general para personas con discapacidad garantiza especialmente a las mujeres con discapacidad el derecho a controlar y resolver libre y responsablemente cuestiones relativas a su sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, el acceso a servicios de información y atención, sin discriminación.
Se presenta también la Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que fue aprobada por el Congreso el año 2004, pero no fue promulgada, quedando en situación irregular ya que no se le ha aplicado el procedimiento constitucional para su rechazo a través del veto del Órgano Ejecutivo. La Ley del Seguro Universal Materno Infantil, que ha sido abrogada por la Ley Nº 475 de prestaciones de servicios de salud integral, pero se la incluye para efectos de análisis del proceso de reconocimiento y ejercicio de derechos de las mujeres en el ámbito de la salud.
Finalmente, se presentan la Ley de Inamovilidad Laboral, que determina que las mujeres trabajadoras no pueden ser despedidas durante el embarazo y hasta que su hija o hijo cumpla un año de edad, y no puede realizar trabajos que afecten su salud y el Código Penal, que ha sufrido en los últimos años más modificaciones que los 30 años previos, en especial en cuanto a la tipificación y sanción de actos que afectan los derechos y la libertad sexual de las mujeres, aunque no se ha logrado modificar aquellos delitos que las sancionan por abortar.
Adicionalmente y por su relevancia, se incluye la Sentencia Constitucional Nº 206/14 que resuelve la acción de inconstitucionalidad abstracta de los artículos del Código Penal vinculados con el aborto, abandono de mujer embarazada y rapto, que excluye la necesidad de orden judicial en casos de aborto legal.

Si bien los decretos supremos no abordan de forma expresa, los que se presentan contienen disposiciones que pueden contribuir a que las mujeres puedan lograr una mayor autonomía y autodeterminación en lo que se refiere a la disposición de sus cuerpos. La mayor parte de la legislación que se refiere a los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres se limitan a la protección de la maternidad; sin embargo, se ha hecho un esfuerzo por presentar en este punto 5 decretos que van un poco más allá, al brindar una plataforma legal que haga posible un mayor conocimiento de estos derechos para su ejercicio.
Se presenta el decreto supremo Nº 3106, que para la aplicación de la política pública integral para una vida digna de las mujeres, modifica las atribuciones de los Ministerios de Educación, determinando su obligación de adoptar programas de educación sexual y reproductiva, de Salud, para la atención integral de salud diferenciada y apropiada para las mujeres, en el marco del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. El decreto supremo Nº 2480 que establece el subsidio universal  prenatal por la vida, para mejorar la salud materna y reducir la mortalidad de niños recién nacidos.
El decreto supremo Nº 2145 que reglamenta la Ley Nº 348, que considera faltas de violencia contra las mujeres las agresiones contra los derechos reproductivos, el derecho a la salud y la libertad sexual, y regula la declaratoria de alerta contra la violencia,  así como las competencias y obligaciones de las instituciones destinadas a la atención de casos de violencia, y el decreto supremo Nº 1022 declara el 17 de mayo el día contra la homofobia y transfobia en Bolivia, en el marco de la Declaración sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la ONU.
Se presenta también el decreto supremo Nº 28155 dictado en la gestión de Carlos Mesa, que establece un programa especialmente dirigido a mujeres campesinas, indígenas y originarias, como extensión de la cobertura del SUMI; no se tiene información sobre la aplicación de este decreto, que no ha sido expresamente abrogado, por lo que se presume que está aún vigente, en el sistema que ha sustituido el SUMI.
Por último, el decreto supremo Nº 24864, para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, que obliga al Estado a garantizar servicios preventivos de salud para las mujeres, respetando su identidad étnica y cultural y sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Entre los Convenios de Naciones Unidas se presentan la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, su protocolo facultativo y las observaciones realizadas por el Comité al Estado boliviano, entre las que se identifican aquellas relevantes para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, para lograr la autonomía y determinación sobre sus cuerpos, entre ellas el abandono escolar por embarazo adolescente, deficiente educación sexual, alta mortalidad materna sin atención médica y como consecuencia de la penalización del aborto.
El Pacto de derechos civiles y políticos, que reconoce el derecho de mujeres y hombres a contraer matrimonio y fundar una familia, y la obligación del Estado de garantizar la igualdad de derechos y responsabilidades en el matrimonio y su disolución; su protocolo facultativo, que habilita la recepción de comunicaciones individuales de quienes aleguen violaciones a sus derechos, mecanismo poco utilizado en el país, y menos aún por las mujeres. Finalmente, se presenta la Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y prácticas análogas a la esclavitud que define la disposición de una mujer sin su consentimiento, ya sea con fines matrimoniales o de sometimiento servil, y determina la obligación de los Estados de fijar una edad mínima razonable para contraer matrimonio, y establecer mecanismos para asegurar que éste se realiza con pleno consentimiento de cada uno de los contrayentes.

Si bien los derechos sexuales y derechos reproductivos no tienen un mecanismo expreso de abordaje para garantizar su ejercicio pleno, es a través de los derechos a la educación y al acceso a los servicios de salud que se identifican los vacíos respecto a su abordaje y atención. En este punto se presentan declaraciones, tanto aquellas aprobadas en la asamblea general de Naciones Unidas, como en el marco de las Conferencias mundiales y regionales, que en algunos casos dieron lugar también a planes y plataformas de acción, cuyo seguimiento periódico permite evaluar los avances que logran los países.
En primer lugar se presenta el Consenso de Montevideo por ser el más reciente, aprobado en la Conferencia regional sobre población y desarrollo de América Latina y el Caribe el 2013; contiene medidas concretas para abordar los problemas vinculados al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la deficiente atención de su salud, y las consecuencias de la legislación que penaliza el aborto en la vida de las mujeres y en los altos índices de mortalidad materna.
Desde hacen varios años existe en el seno de la Organización de Estados Americanos una corriente que promueve la adopción de la Declaración contra la homofobia y la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, producto de numerosas resoluciones que desde el año 2008 se aprueban para reducir la violencia que se ejerce contra estas personas. Se presentan dos de ellas, las Resoluciones relativas a las violaciones de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género y una Declaración sobre estos derechos presentada a la Asamblea General, en las que se urge a los Estados a adoptar medidas para evitar la violencia contra las personas a causa de su orientación sexual o identidad de género y contra personas defensoras de sus derechos humanos.
La Declaración del Milenio planteó medidas concretas para erradicar la pobreza, pero en el ámbito de la salud, lograr una mejor atención a la salud de las mujeres, reconociendo que existe una brecha más amplia en la medida en que son más pobres, indígenas o afrodescendientes. Cumplidas las metas del milenio, se aprueba la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que centra su atención en la mortalidad materna y la atención a la salud reproductiva, en especial de mujeres, adolescentes y jóvenes.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que plantea también objetivos y medidas de acción de 1995, que ha sido objeto de seguimiento cada 5 años, evaluando el cumplimiento de los países en cada uno de los 12 objetivos estratégicos, entre los que está el referido a la mujer y la salud. Finalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce el derecho de elegir libremente el contraer matrimonio o disolverlo, sin restricción, y la Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraerlo y el registro de los matrimonios que limita el matrimonio de niñas, obliga a los Estados a inscribirlos en un registro, y a informar periódicamente sobre el cumplimiento de esta recomendación.

Entre las Convenciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos se presentan la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que establece las responsabilidades del Estado respecto a la violencia sexual en los diferentes ámbitos de vida de las mujeres y el Mecanismo de seguimiento A LA Convención contra la Violencia – MESECVI, en la que se reflejan aquellos aspectos en los que el Estado Boliviano está incumpliendo los compromisos asumió con su ratificación respecto a la mortalidad materna, información adecuada y servicios para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, aborto y aspectos vinculados a la asignación de presupuestos y generación de estadísticas.
El Protocolo de San Salvador que es el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, reconoce el derecho a la salud y la obligación del Estado de garantizarla sin ningún tipo de discriminación.