La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia conformada por catorce (14) organizaciones, redes y colectivos de la sociedad civil, como misión nacional de veeduría ciudadana acreditada en el marco de la Ley N° 1549 presentó el pasado lunes 29 de julio de 2024, su informe final del proceso de veeduría

ciudadana a la preselección de postulantes desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural.

La veeduría ciudadana instaurada por las organizaciones, redes y colectivos tiene como objeto contribuir a garantizar el derecho a la información, consagrado en la Constitución Política del Estado, con el fin que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan decidir de manera responsable, consciente e informada, en el proceso de elección judicial, por lo anterior el proceso cuenta con una metodología participativa y de construcción colectiva adoptada en procesos anteriores que ha permitido recabar buenas prácticas y lecciones aprendidas, emitiendo para este fin informes de veeduría de acuerdo a las fases del proceso y uno final que es presentado a la Asamblea para su consideración en futuros procesos similares.

En el marco de lo anterior el informe final detalla el proceso de veeduría, así como la metodología utilizada que basada en cinco parámetros de evaluación permitieron evidenciar los siguientes hallazgos:

● Primer parámetro de evaluación: Coherencia del trabajo con la normativa que regula el proceso: De acuerdo a la Ley 1549 se puede establecer que ambas comisiones cumplieron con lo establecido, sin embargo, se observa especialmente en las fases iniciales disparidad en la metodología empleada

por cada una de las Comisiones, esto afectó el desarrollo del proceso con la interposición de acciones tutelares por parte de postulantes a diferentes cargos. Por lo anterior se recomienda que para futuros procesos se pueda establecer la metodología en un reglamento o instructivo que garantice la aplicación de metodologías similares, evitando la discrecionalidad y el apego estricto a la Ley.

● Segundo parámetro de evaluación: Transparencia, Publicidad y Apertura al Escrutinio Público: Un aspecto que es importante destacar como avances en el proceso es la flexibilización de criterios para la acreditación de veedurías nacionales, el uso de las nuevas tecnologías y redes sociales para la transmisión en vivo de las sesiones de las Comisiones Mixtas, así como la

comunicación permanente de sus miembros con las y los veedores ciudadanos/as (uso de WhatsApp), pues esto facilitó no solo la notificación de cronogramas, inicio de sesiones y otros sino que permitió también hacer consultas directas a asesores que aclararon dudas de manera inmediata. La Comisión Mixta de Constitución implementó este mecanismo desde el inicio y la Comisión Mixta de Justicia Plural para la fase de exámenes escritos-orales. Para futuros procesos será importante sistematizar esto como una buena práctica replicable y además recomendar el uso de canales de comunicación gratuita que permitan aportar a la difusión del proceso de manera permanente no solo para la población interesada sino para los propios postulantes.

● Tercer parámetro de evaluación: Equidad y ecuanimidad: El informe observa que en las primeras etapas hubo diferencias en las reglas de trabajo entre las Comisiones Mixtas, en especial, durante la fase de verificación de requisitos habilitantes y específicos. No obstante, lo descrito, la Iniciativa Ciudadana pondera que, en las fases de calificación de méritos, preguntas escritas y

respuestas orales, ambas Comisiones Mixtas hayan acordado el uso del mismo baremo y consensuado metodologías similares para el trabajo.

● Cuarto parámetro de evaluación: Paridad de Género y Participación Indígena: La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, ha registrado que existió un número reducido de mujeres que postularon a los cargos, en especial al Tribunal Constitucional Plurinacional, que si bien no depende

de la ALP pues se ha contado con una convocatoria con todas las garantías, es un hecho que debe ser considerado a futuro por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en especial, porque no es la primera vez que se observa este contexto; en 2017, dentro del segundo proceso de preselección, la ALP tuvo que declarar desierta la convocatoria para cargos al TCP y TSJ con el fin de garantizar equidad de género y plurinacionalidad en la composición de estas instancias1, en esa línea debe desarrollarse un análisis integral de esta situación y adoptar medidas que garanticen mayor participación de mujeres en futuros espacios, incluyendo un análisis y remoción de las barreras

estructurales que trascienden a su participación en estas convocatorias.

Es evidente que, a futuro, debe repensarse el diseño actual de preselección y votación a partir de una perspectiva nacional como se hace para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, toda vez, que las y los magistrados(as) en el ejercicio de funciones, asumen causas

a nivel nacional y no así departamental, y sus cargos no implican una representación del departamento como en otro tipo de elecciones como las nacionales donde se representan además intereses departamentales.

● Quinto parámetro de evaluación: Condiciones para una evaluación basada en méritos: Si bien se ha avanzado, aún existen criterios que deben ser fortalecidos para futuros procesos, entre ellos:

i) El diseño del baremo empleado para calificar los méritos debe permitir un balance entre formación académica y experiencia, permitiendo además que las y los asambleístas cuenten con

asesoramiento técnico al momento de interpretar la documentación y asignar los puntajes, ii) El perfil de las y los postulantes, debe equilibrar conocimientos y experiencia, así como temas que guarden relación con una ética irreprochable, esto permitirá potenciar la confianza en la población

en los administradores/as de justicia, iii) La evaluación de conocimientos debe ser rediseñado permitiendo cuestionarios o espacios más analíticos que permitan evidenciar las capacidades de interpretación de derechos y el nivel de formación que sustente sus decisiones. En todo caso, para futuros procesos deberá considerarse un rol más activo de universidades, colegios de abogados y otras instancias, o rediseñar un modelo de evaluación técnico y acorde a los desafíos de cada cargo, para ello existen diversas propuestas que ya fueron incluidas en Proyectos de Ley debatidos durante la gestión 2023, y otras que han venido planteando instancias articuladas de la sociedad civil, entre

ellas la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia.

La sociedad civil valora positivamente los esfuerzos de asambleístas por remover todas las barreras que obstaculizaron el proceso de preselección de postulantes a las judiciales, en especial, toma nota del acuerdo entre fuerzas políticas y la decisión por más de ⅔ de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que permitió devolver la información a la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, instancia que el día sábado emitió un informe complementario que garantiza una lista final para el Tribunal Constitucional Plurinacional que cumple con paridad de género y participación indígena, pero además viabiliza que en los próximos días el Órgano Electoral Plurinacional, reciba toda la información necesaria y las listas para consolidar el tercer proceso de elección judicial en Bolivia.

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia anuncia que continuará acompañando este proceso desde el trabajo que realice el Órgano Electoral Plurinacional e insta a la población a ejercer su derecho al voto de manera informada, ya que ahora le corresponde a la ciudadanía decidir por las y los mejores profesionales para la renovación de las magistraturas y consejerías en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.