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Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.
Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.
Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.
Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.
Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.
Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.
Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.
Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.
Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales.
[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw
Bolivia, 18 de noviembre de 2019
Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Fundación Tribuna Constitucional - Observatorio de Derechos – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia- Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Derechos en Acción – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Agencia de Noticias Fides (ANF) – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba - Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) - Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Marie Stopes – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP) – ERBOL- Construyendo Redes para el Desarrollo.
Defensores de Derechos Humanos
Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas
País: Bolivia
Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.
Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.
Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.
Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.
Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.
Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.
Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.
Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.
Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales.
[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw
Bolivia, 18 de noviembre de 2019
Coordinadora de la Mujer-Comunidad de Derechos Humanos – Fundación CONSTRUIR – ONG Realidades – Oficina Jurídica para la Mujer – Colectivo de Derechos Humanos EMPODERATE – Fundación Tribuna Constitucional - Observatorio de Derechos – Foro Político de Mujeres – Fundación Igualdad LGBT – Fundación IVI MARAEI – Veeduría Ciudadana de Derechos Humanos – Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública – Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia- Confraternidad Carcelaria Cochabamba – Fundación Paz y Esperanza – SALVAGINAS Colectivo Feminista – Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) – Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia (CNTPC) – Instituto de Formación Femenino Integral (IFFI) – Casa de la Mujer – Comité Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia de Bolivia (CNMTPCP) – Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) – Red de Mujeres y Minería – Comunidad de Mujeres Viviendo con VIH Bolivia – Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar Bolivia (FENATRAHOB) – Comité Nacional de Mujeres Trabajadoras por Cuenta Propia – Derechos en Acción – Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia del Estado (ITEI), Defensa de Niñas y Niños Internacional – Bolivia (DNI – Bolivia) – Libertades Laicas – Fundación TUTATOR Bolivia – Agencia de Noticias Fides (ANF) – Consorcio Boliviano de Juventudes (CONBOJUV) – Colectivo GLBTI del Sur – Federación de las Diversidades Sexuales y de Género de Tarija – Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Observatorio Infanto Juvenil de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno – Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB) – Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba - Instituto de Investigación y Capacitación Pedagógica y Social (IIPS) – Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación (RED-ADA) – Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) – Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) – Centro de Servicios Agropecuarios Técnicos de Chuquisaca (CESATCH) - Asociación Colmena Juvenil – Psinergia Bolivia – Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) – Movimiento de Educadores Populares – Bolivia (MEPB) – Marie Stopes – Asociación de Mujeres JUMAMPI LURATA – Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (CBDHDD) – Católicas por el Derecho a Decidir Bolivia – ADESPROC Libertad – Organización de Trabajadoras Nocturnas de Bolivia (OTN Bolivia) – Asociación con Alas Propias (ASCAP) – ERBOL- Construyendo Redes para el Desarrollo.
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País: Bolivia
Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.
Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.
Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.
Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.
Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.
Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.
Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.
Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.
Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales.
[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw
Bolivia, 18 de noviembre de 2019
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Defensores de Derechos Humanos
Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas
País: Bolivia
Las redes y organizaciones de defensa de los derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por la escalada de la violencia y expresiones de intolerancia desencadenadas en Bolivia desde hace 25 días en diferentes etapas previas y posteriores a la elección y que se han exacerbado en los últimos días.
Lamentamos que los conflictos hasta la fecha hayan dado como resultado un número de 23 muertos y 715 personas heridas[1] en todo el país siendo prioritaria la investigación exhaustiva de todos los hechos producidos desde el inicio del conflicto en Bolivia.
Condenamos los discursos de odio e incitación a la violencia que han buscado estigmatizar el derecho a la manifestación pacífica de la población y la demanda de sus derechos y pretensiones, desde el inicio del periodo post eleccionario hasta el presente, así como cualquier expresión que menoscabe, amenace y busque restringir el ejercicio de las libertades fundamentales de la ciudadanía.
Manifestamos nuestra preocupación por la promulgación del Decreto Supremo N° 4078 relativo a la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de conservación de orden público y defensa de la sociedad en apoyo a la Policía Boliviana en el marco del conflicto actual del país, puesto que si bien es cierto que el mencionado decreto se ampara en la misión constitucional y legal que tienen las fuerzas del orden de contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo boliviano, advertimos que éste puede enviar un mensaje equivocado a los agentes de la fuerza pública y recordamos que las obligaciones internacionales asumidas por el Estado en materia de derechos humanos, son de aplicación preferente en el orden interno, por lo que, aún en casos en los que se estime que se haya actuado en el marco de la legítima defensa y estado de necesidad, ellos deben ser investigados a fin de que sea una autoridad jurisdiccional la que determine la existencia o no de responsabilidad penal, no pudiendo eximirse de ella a los agentes públicos en abstracto, mediante un decreto.
Hacemos eco del llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a excluir las armas de fuego de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales pacíficas, debiéndose también garantizar que no exista un uso indiscriminado de la fuerza.
Demandamos a los sectores movilizados no incurrir en acciones violentas y hostigamiento contra la ciudadanía y se eviten enfrentamientos que deriven en más muertos y heridos, así como la toma de rehenes civiles, policiales o militares. Genera preocupación que algunos manifestantes utilicen explosivos y armas letales en contra de las fuerzas del orden y la ciudadanía.
Demandamos, a las autoridades, fuerzas del orden y manifestantes, garantizar el acceso a la asistencia médica de las personas heridas. Hacemos un llamado especial para el caso de personas detenidas a quienes se les debe brindar un trato digno y permitir sin ninguna barrera legal, el acceso a la atención de su salud, tratamiento médico, dotación de medicamentos y valoración médico forense.
Condenamos todos los actos de violencia, humillaciones públicas y hostigamiento suscitados contra líderes de organizaciones sociales, representantes de instituciones, autoridades, y periodistas, durante el desarrollo del conflicto, en franca vulneración de sus derechos fundamentales y su dignidad como personas.
Denunciamos que representantes y trabajadores de algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones comprometidas con los derechos humanos han sufrido amenazas contra su seguridad y vida, así como la de sus familias. Por lo que exigimos garantías y condiciones para continuar con su labor y ejercer su derecho a la libertad de expresión. Se requiere también no limitar su actuación y asistencia a personas afectadas o detenidas durante los conflictos.
Exigimos en esta vía, se adopten todas las medidas para garantizar la institucionalidad necesaria de atención a las denuncias, prestación de garantías, defensa legal y protección de las personas que estén en riesgo y sus familias. En especial, debe observarse el cumplimiento de todos los estándares internacionales de derechos humanos relativos al tratamiento de personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, en especial la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Repudiamos los ataques que se han producido a las viviendas de dirigentes y representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como el saqueo y destrucción de propiedad privada y los ataques a predios de instituciones públicas, y la destrucción de bienes del Estado producidos durante estas semanas de conflicto. La Policía debe continuar resguardando la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas evitando actos vandálicos por parte de grupos que protagonizan acciones delincuenciales, aprovechando la coyuntura.
Demandamos acelerar el proceso de Dialogo Nacional entre los actores políticos, sociales y cívicos para lograr la pacificación del país y restituir de forma inmediata las condiciones de convivencia pacífica y armónica entre bolivianos, tomando para ello las decisiones legales y políticas que sean necesarias para viabilizar la pronta realización de las nuevas elecciones generales.
[1] EFE, La CIDH eleva a 23 los muertos y 715 los heridos en la crisis de Bolivia, disponible en línea: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-eleva-a-23-los-muertos-y-715-heridos-en-crisis-de-bolivia/20000013-4112715?fbclid=IwAR2c2XczMynCJSFOqbA6xq5FYyav-89sKa1xXpsmLrQc1TFkprKOGU1Qmiw
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Marco Mendoza- Verónica Sandi- Mario Mazzoleni- Vivian Schwartz – Roberto Simoncelli – Ana María de la Fuente – Sonia Soto – Kathia Saucedo – Janeth Torrez- Juan Carlos Balderas
País: Bolivia
