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EXIGIMOS PROTECCIÓN A LAS MUJERES AUTORIDADES
ANTE EL ACOSO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado varios casos de violencia y acoso político contra mujeres políticas. No se trata de anécdotas. La evidencia de diversos estudios y esfuerzos por sistematizar las denuncias dan cuenta de que al menos 7 de cada 10 mujeres en espacios de decisión enfrentan situaciones de acoso y violencia política, confirmando que existe una relación directa entre el incremento participación de las mujeres en instancias de poder y las situaciones de acoso y violencia política - AVP.
El acoso y la violencia política son obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos de autoridades mujeres que no permiten que puedan cumplir con las tareas de fiscalización que hacen parte fundamental de su mandato. Para las mujeres, hacer seguimiento, vigilancia y fiscalización constituye un factor de riesgo para su integridad y la de sus familias.
Diversas autoridades mujeres han sufrido una serie de ataques por realizar solamente su trabajo, cuidar los bienes públicos y fiscalizar. Es el caso de Cecilia Chacón, concejala del municipio de La Paz, acosada por ejercer su facultad fiscalizadora; Vicencia Apaza; de San Pedro, provincia Gualberto Villarroel (La Paz), acosada por denunciar uso indebido de bienes municipales y destituida ilegítimamente de sus funciones como resultado de este acoso; Lidia María Quispe Mamani, del municipio de Batallas, Provincia Los Andes, quien denunció violencia de comunarios de Achocani (La Paz) por fiscalizar al Alcalde de este municipio; Marisol Esther Paccieri Quiroga, de Tiquipaya (Cochabamba) amenazada, intimidada y tapiada por fiscalizar; Neira Budelman Gomez, asambleísta por la provincia German Busch (Santa Cruz), acosada y violentada por fiscalizar y denunciar corrupción; además de otros casos que no han encontrado mecanismos para habilitar las denuncias.
Sin importar el partido al que pertenecen, o el nivel (nacional o subnacional) en que ejercen funciones; el acoso o la violencia política contra las mujeres no viene sólo de los adversarios políticos, sino también de integrantes de sus propias organizaciones políticas, que ven en la presencia de las mujeres una amenaza al poder patriarcal que les dio privilegios y que ha excluido históricamente a las mujeres. Denunciando la corrupción y otras situaciones irregulares, estas autoridades no encuentran el respaldo de sus Organizaciones Políticas, de sus representados ni de la institucionalidad creada para erradicar la corrupción.
Esta situación no sólo es INACEPTABLE, sino que pone en riesgo los avances para la consolidación de la democracia intercultural y paritaria y requiere de acciones urgentes para proteger a las mujeres autoridades y a otras en el ejercicio de la función pública en la realización de su labor fiscalizadora.
Ante este escenario y en la perspectiva de que Bolivia que haga de la fiscalización la herramienta de lucha contra la corrupción:
Exigimos a todas las organizaciones políticas manifestar públicamente su posición frente a las situaciones de acoso y violencia política en contra de autoridades que fiscalizan, ya que deberían ser estas instancias las primeras en respaldar el trabajo que están realizando estas mujeres.
Convocamos a las organizaciones políticas a implementar sin demora la Ley de Organizaciones Políticas, incorporando en su reglamento medidas para resguardar la integridad de las mujeres contra cualquier forma de acoso y violencia política por parte de sus correligionarios.
Demandamos al Órgano Electoral a tomar medidas necesarias, en el marco de sus competencias y atribuciones, para proteger los derechos civiles y políticos de las mujeres autoridades en ejercicio político.
Convocamos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a respaldar las acciones fiscalizadoras de estas autoridades e impulsar las investigaciones necesarias para transparentar la gestión pública.
Exigimos al Ministerio Público cumplir el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia para víctimas de la violencia y /o acoso político.
Convocamos a toda la población, a las mujeres, instituciones, organizaciones, plataformas, organizaciones sindicales, a todos y todas, a respaldar a las mujeres autoridades que hacen fiscalización y asumir de manera decidida una posición de rechazo a la corrupción.
FISCALIZAR ES SU FUNCIÓN, PROTEGERLAS ES NUESTRA MISIÓN
¡BASTA DE ACOSO Y VIOLENCIA POLÍTICA!
#MujeresProtagonistas
País:
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ANTE EL ACOSO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA
En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado varios casos de violencia y acoso político contra mujeres políticas. No se trata de anécdotas. La evidencia de diversos estudios y esfuerzos por sistematizar las denuncias dan cuenta de que al menos 7 de cada 10 mujeres en espacios de decisión enfrentan situaciones de acoso y violencia política, confirmando que existe una relación directa entre el incremento participación de las mujeres en instancias de poder y las situaciones de acoso y violencia política - AVP.
El acoso y la violencia política son obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos de autoridades mujeres que no permiten que puedan cumplir con las tareas de fiscalización que hacen parte fundamental de su mandato. Para las mujeres, hacer seguimiento, vigilancia y fiscalización constituye un factor de riesgo para su integridad y la de sus familias.
Diversas autoridades mujeres han sufrido una serie de ataques por realizar solamente su trabajo, cuidar los bienes públicos y fiscalizar. Es el caso de Cecilia Chacón, concejala del municipio de La Paz, acosada por ejercer su facultad fiscalizadora; Vicencia Apaza; de San Pedro, provincia Gualberto Villarroel (La Paz), acosada por denunciar uso indebido de bienes municipales y destituida ilegítimamente de sus funciones como resultado de este acoso; Lidia María Quispe Mamani, del municipio de Batallas, Provincia Los Andes, quien denunció violencia de comunarios de Achocani (La Paz) por fiscalizar al Alcalde de este municipio; Marisol Esther Paccieri Quiroga, de Tiquipaya (Cochabamba) amenazada, intimidada y tapiada por fiscalizar; Neira Budelman Gomez, asambleísta por la provincia German Busch (Santa Cruz), acosada y violentada por fiscalizar y denunciar corrupción; además de otros casos que no han encontrado mecanismos para habilitar las denuncias.
Sin importar el partido al que pertenecen, o el nivel (nacional o subnacional) en que ejercen funciones; el acoso o la violencia política contra las mujeres no viene sólo de los adversarios políticos, sino también de integrantes de sus propias organizaciones políticas, que ven en la presencia de las mujeres una amenaza al poder patriarcal que les dio privilegios y que ha excluido históricamente a las mujeres. Denunciando la corrupción y otras situaciones irregulares, estas autoridades no encuentran el respaldo de sus Organizaciones Políticas, de sus representados ni de la institucionalidad creada para erradicar la corrupción.
Esta situación no sólo es INACEPTABLE, sino que pone en riesgo los avances para la consolidación de la democracia intercultural y paritaria y requiere de acciones urgentes para proteger a las mujeres autoridades y a otras en el ejercicio de la función pública en la realización de su labor fiscalizadora.
Ante este escenario y en la perspectiva de que Bolivia que haga de la fiscalización la herramienta de lucha contra la corrupción:
Exigimos a todas las organizaciones políticas manifestar públicamente su posición frente a las situaciones de acoso y violencia política en contra de autoridades que fiscalizan, ya que deberían ser estas instancias las primeras en respaldar el trabajo que están realizando estas mujeres.
Convocamos a las organizaciones políticas a implementar sin demora la Ley de Organizaciones Políticas, incorporando en su reglamento medidas para resguardar la integridad de las mujeres contra cualquier forma de acoso y violencia política por parte de sus correligionarios.
Demandamos al Órgano Electoral a tomar medidas necesarias, en el marco de sus competencias y atribuciones, para proteger los derechos civiles y políticos de las mujeres autoridades en ejercicio político.
Convocamos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a respaldar las acciones fiscalizadoras de estas autoridades e impulsar las investigaciones necesarias para transparentar la gestión pública.
Exigimos al Ministerio Público cumplir el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia para víctimas de la violencia y /o acoso político.
Convocamos a toda la población, a las mujeres, instituciones, organizaciones, plataformas, organizaciones sindicales, a todos y todas, a respaldar a las mujeres autoridades que hacen fiscalización y asumir de manera decidida una posición de rechazo a la corrupción.
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En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado varios casos de violencia y acoso político contra mujeres políticas. No se trata de anécdotas. La evidencia de diversos estudios y esfuerzos por sistematizar las denuncias dan cuenta de que al menos 7 de cada 10 mujeres en espacios de decisión enfrentan situaciones de acoso y violencia política, confirmando que existe una relación directa entre el incremento participación de las mujeres en instancias de poder y las situaciones de acoso y violencia política - AVP.
El acoso y la violencia política son obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos de autoridades mujeres que no permiten que puedan cumplir con las tareas de fiscalización que hacen parte fundamental de su mandato. Para las mujeres, hacer seguimiento, vigilancia y fiscalización constituye un factor de riesgo para su integridad y la de sus familias.
Diversas autoridades mujeres han sufrido una serie de ataques por realizar solamente su trabajo, cuidar los bienes públicos y fiscalizar. Es el caso de Cecilia Chacón, concejala del municipio de La Paz, acosada por ejercer su facultad fiscalizadora; Vicencia Apaza; de San Pedro, provincia Gualberto Villarroel (La Paz), acosada por denunciar uso indebido de bienes municipales y destituida ilegítimamente de sus funciones como resultado de este acoso; Lidia María Quispe Mamani, del municipio de Batallas, Provincia Los Andes, quien denunció violencia de comunarios de Achocani (La Paz) por fiscalizar al Alcalde de este municipio; Marisol Esther Paccieri Quiroga, de Tiquipaya (Cochabamba) amenazada, intimidada y tapiada por fiscalizar; Neira Budelman Gomez, asambleísta por la provincia German Busch (Santa Cruz), acosada y violentada por fiscalizar y denunciar corrupción; además de otros casos que no han encontrado mecanismos para habilitar las denuncias.
Sin importar el partido al que pertenecen, o el nivel (nacional o subnacional) en que ejercen funciones; el acoso o la violencia política contra las mujeres no viene sólo de los adversarios políticos, sino también de integrantes de sus propias organizaciones políticas, que ven en la presencia de las mujeres una amenaza al poder patriarcal que les dio privilegios y que ha excluido históricamente a las mujeres. Denunciando la corrupción y otras situaciones irregulares, estas autoridades no encuentran el respaldo de sus Organizaciones Políticas, de sus representados ni de la institucionalidad creada para erradicar la corrupción.
Esta situación no sólo es INACEPTABLE, sino que pone en riesgo los avances para la consolidación de la democracia intercultural y paritaria y requiere de acciones urgentes para proteger a las mujeres autoridades y a otras en el ejercicio de la función pública en la realización de su labor fiscalizadora.
Ante este escenario y en la perspectiva de que Bolivia que haga de la fiscalización la herramienta de lucha contra la corrupción:
Exigimos a todas las organizaciones políticas manifestar públicamente su posición frente a las situaciones de acoso y violencia política en contra de autoridades que fiscalizan, ya que deberían ser estas instancias las primeras en respaldar el trabajo que están realizando estas mujeres.
Convocamos a las organizaciones políticas a implementar sin demora la Ley de Organizaciones Políticas, incorporando en su reglamento medidas para resguardar la integridad de las mujeres contra cualquier forma de acoso y violencia política por parte de sus correligionarios.
Demandamos al Órgano Electoral a tomar medidas necesarias, en el marco de sus competencias y atribuciones, para proteger los derechos civiles y políticos de las mujeres autoridades en ejercicio político.
Convocamos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a respaldar las acciones fiscalizadoras de estas autoridades e impulsar las investigaciones necesarias para transparentar la gestión pública.
Exigimos al Ministerio Público cumplir el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia para víctimas de la violencia y /o acoso político.
Convocamos a toda la población, a las mujeres, instituciones, organizaciones, plataformas, organizaciones sindicales, a todos y todas, a respaldar a las mujeres autoridades que hacen fiscalización y asumir de manera decidida una posición de rechazo a la corrupción.
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En los últimos meses, los medios de comunicación han reflejado varios casos de violencia y acoso político contra mujeres políticas. No se trata de anécdotas. La evidencia de diversos estudios y esfuerzos por sistematizar las denuncias dan cuenta de que al menos 7 de cada 10 mujeres en espacios de decisión enfrentan situaciones de acoso y violencia política, confirmando que existe una relación directa entre el incremento participación de las mujeres en instancias de poder y las situaciones de acoso y violencia política - AVP.
El acoso y la violencia política son obstáculos para el pleno ejercicio de los derechos políticos de autoridades mujeres que no permiten que puedan cumplir con las tareas de fiscalización que hacen parte fundamental de su mandato. Para las mujeres, hacer seguimiento, vigilancia y fiscalización constituye un factor de riesgo para su integridad y la de sus familias.
Diversas autoridades mujeres han sufrido una serie de ataques por realizar solamente su trabajo, cuidar los bienes públicos y fiscalizar. Es el caso de Cecilia Chacón, concejala del municipio de La Paz, acosada por ejercer su facultad fiscalizadora; Vicencia Apaza; de San Pedro, provincia Gualberto Villarroel (La Paz), acosada por denunciar uso indebido de bienes municipales y destituida ilegítimamente de sus funciones como resultado de este acoso; Lidia María Quispe Mamani, del municipio de Batallas, Provincia Los Andes, quien denunció violencia de comunarios de Achocani (La Paz) por fiscalizar al Alcalde de este municipio; Marisol Esther Paccieri Quiroga, de Tiquipaya (Cochabamba) amenazada, intimidada y tapiada por fiscalizar; Neira Budelman Gomez, asambleísta por la provincia German Busch (Santa Cruz), acosada y violentada por fiscalizar y denunciar corrupción; además de otros casos que no han encontrado mecanismos para habilitar las denuncias.
Sin importar el partido al que pertenecen, o el nivel (nacional o subnacional) en que ejercen funciones; el acoso o la violencia política contra las mujeres no viene sólo de los adversarios políticos, sino también de integrantes de sus propias organizaciones políticas, que ven en la presencia de las mujeres una amenaza al poder patriarcal que les dio privilegios y que ha excluido históricamente a las mujeres. Denunciando la corrupción y otras situaciones irregulares, estas autoridades no encuentran el respaldo de sus Organizaciones Políticas, de sus representados ni de la institucionalidad creada para erradicar la corrupción.
Esta situación no sólo es INACEPTABLE, sino que pone en riesgo los avances para la consolidación de la democracia intercultural y paritaria y requiere de acciones urgentes para proteger a las mujeres autoridades y a otras en el ejercicio de la función pública en la realización de su labor fiscalizadora.
Ante este escenario y en la perspectiva de que Bolivia que haga de la fiscalización la herramienta de lucha contra la corrupción:
Exigimos a todas las organizaciones políticas manifestar públicamente su posición frente a las situaciones de acoso y violencia política en contra de autoridades que fiscalizan, ya que deberían ser estas instancias las primeras en respaldar el trabajo que están realizando estas mujeres.
Convocamos a las organizaciones políticas a implementar sin demora la Ley de Organizaciones Políticas, incorporando en su reglamento medidas para resguardar la integridad de las mujeres contra cualquier forma de acoso y violencia política por parte de sus correligionarios.
Demandamos al Órgano Electoral a tomar medidas necesarias, en el marco de sus competencias y atribuciones, para proteger los derechos civiles y políticos de las mujeres autoridades en ejercicio político.
Convocamos al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a respaldar las acciones fiscalizadoras de estas autoridades e impulsar las investigaciones necesarias para transparentar la gestión pública.
Exigimos al Ministerio Público cumplir el mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia y actuar con la debida diligencia para víctimas de la violencia y /o acoso político.
Convocamos a toda la población, a las mujeres, instituciones, organizaciones, plataformas, organizaciones sindicales, a todos y todas, a respaldar a las mujeres autoridades que hacen fiscalización y asumir de manera decidida una posición de rechazo a la corrupción.
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