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Bolivia es un referente en la región en participación política de las mujeres por la paridad lograda, especialmente en el Órgano Legislativo y la paridad es un patrimonio fundamental para la profundización de la democrática.
Sin embargo, hasta mayo de 2018, el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres y que hasta la fecha alrededor de 70 mujeres representantes han presentado su renuncia al cargo para el que fueron electas por voto popular, a pesar de quedarles media gestión del mandato.
Muchas de las renuncias que se están presentando obedecen no a la voluntad de las autoridades, sino a situaciones de acoso, violencia política y diversas formas de intimidación vinculadas a supuestas formas de “disciplina partidaria” o la firma de documentos que no tienen respaldo legal.
Asimismo, la salida forzada por medio del acoso y violencia política de las mujeres de los espacios legislativos está repercutiendo de forma negativa en la composición de estas instancias, poniendo en riesgo los significativos avances que se habían dado en términos de igualdad de género en nuestro país.
Entre 2015 y enero de 2018, el Ministerio Público registró 89 denuncias de acoso y violencia política a nivel nacional y, en los últimos días la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha denunciado diversos hechos de violencia y acoso político contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye en los que en diversas circunstancias los derechos políticos y el derecho a la vida libre de violencia de estas autoridades están siendo violentados.
Cabe señalar que la defensa de la paridad, la igualdad, la no discriminación, la descolonización y la despatriarcalización, son fundamentales e impostergables y este tipo de hechos los pone en riesgo.
Por lo tanto:
Exigimos al OEP hacer conocer qué organizaciones políticas están permitiendo esta vulneración a los derechos de representación de las mujeres. Asimismo, reiteramos el llamado para que esta instancia redoble sus esfuerzos para efectuar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política y buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos garantizar el derecho de las legisladoras y concejalas electas por voto ciudadano a ejercer sus cargos por 5 años, por respeto al voto del pueblo boliviano.
Demandamos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, manifestando “tolerancia cero” y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos a los líderes de las organizaciones políticas por su silencio cómplice ante esta vulneración. Esto sólo expresa la mentalidad machista y patriarcal que persiste en las organizaciones a las que representan.
Denunciamos el daño a la gestión pública que provocan estos cambios en las instancias legislativas. Algunas autoridades que ya han ganado experiencia se ven, a media gestión, privadas del derecho de seguir ejerciendo por parte de nuevas autoridades, las mismas que deben volver a utilizar recursos y tiempo en ganar experiencia. Esta situación debilita la democracia y va en desmedro de la gestión pública.
Repudiamos los hechos de violencia contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye, denunciados en los últimos días, y demandamos la pronta investigación y sanción de los mismos.
Llamamos a las autoridades a asumir medidas para prevenir nuevos atropellos y resguardar los derechos e integridad de las concejalas agredidas.
Denunciamos que a 6 años de haber sido promulgada la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta, que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Exigimos al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deliberar y legislar la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo la norma que ponga alto a esta violación del derecho a la participación política, se haga cumplir la paridad en gestión completa y la representación como autoridades sin acoso ni violencia.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
LA PARIDAD ES UN PATRIMONIO IRRENUNCIABLE DE LA DEMOCRACIA
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Bolivia es un referente en la región en participación política de las mujeres por la paridad lograda, especialmente en el Órgano Legislativo y la paridad es un patrimonio fundamental para la profundización de la democrática.
Sin embargo, hasta mayo de 2018, el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres y que hasta la fecha alrededor de 70 mujeres representantes han presentado su renuncia al cargo para el que fueron electas por voto popular, a pesar de quedarles media gestión del mandato.
Muchas de las renuncias que se están presentando obedecen no a la voluntad de las autoridades, sino a situaciones de acoso, violencia política y diversas formas de intimidación vinculadas a supuestas formas de “disciplina partidaria” o la firma de documentos que no tienen respaldo legal.
Asimismo, la salida forzada por medio del acoso y violencia política de las mujeres de los espacios legislativos está repercutiendo de forma negativa en la composición de estas instancias, poniendo en riesgo los significativos avances que se habían dado en términos de igualdad de género en nuestro país.
Entre 2015 y enero de 2018, el Ministerio Público registró 89 denuncias de acoso y violencia política a nivel nacional y, en los últimos días la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha denunciado diversos hechos de violencia y acoso político contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye en los que en diversas circunstancias los derechos políticos y el derecho a la vida libre de violencia de estas autoridades están siendo violentados.
Cabe señalar que la defensa de la paridad, la igualdad, la no discriminación, la descolonización y la despatriarcalización, son fundamentales e impostergables y este tipo de hechos los pone en riesgo.
Por lo tanto:
Exigimos al OEP hacer conocer qué organizaciones políticas están permitiendo esta vulneración a los derechos de representación de las mujeres. Asimismo, reiteramos el llamado para que esta instancia redoble sus esfuerzos para efectuar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política y buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos garantizar el derecho de las legisladoras y concejalas electas por voto ciudadano a ejercer sus cargos por 5 años, por respeto al voto del pueblo boliviano.
Demandamos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, manifestando “tolerancia cero” y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos a los líderes de las organizaciones políticas por su silencio cómplice ante esta vulneración. Esto sólo expresa la mentalidad machista y patriarcal que persiste en las organizaciones a las que representan.
Denunciamos el daño a la gestión pública que provocan estos cambios en las instancias legislativas. Algunas autoridades que ya han ganado experiencia se ven, a media gestión, privadas del derecho de seguir ejerciendo por parte de nuevas autoridades, las mismas que deben volver a utilizar recursos y tiempo en ganar experiencia. Esta situación debilita la democracia y va en desmedro de la gestión pública.
Repudiamos los hechos de violencia contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye, denunciados en los últimos días, y demandamos la pronta investigación y sanción de los mismos.
Llamamos a las autoridades a asumir medidas para prevenir nuevos atropellos y resguardar los derechos e integridad de las concejalas agredidas.
Denunciamos que a 6 años de haber sido promulgada la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta, que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Exigimos al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deliberar y legislar la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo la norma que ponga alto a esta violación del derecho a la participación política, se haga cumplir la paridad en gestión completa y la representación como autoridades sin acoso ni violencia.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
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LA PARIDAD ES UN PATRIMONIO IRRENUNCIABLE DE LA DEMOCRACIA
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Bolivia es un referente en la región en participación política de las mujeres por la paridad lograda, especialmente en el Órgano Legislativo y la paridad es un patrimonio fundamental para la profundización de la democrática.
Sin embargo, hasta mayo de 2018, el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres y que hasta la fecha alrededor de 70 mujeres representantes han presentado su renuncia al cargo para el que fueron electas por voto popular, a pesar de quedarles media gestión del mandato.
Muchas de las renuncias que se están presentando obedecen no a la voluntad de las autoridades, sino a situaciones de acoso, violencia política y diversas formas de intimidación vinculadas a supuestas formas de “disciplina partidaria” o la firma de documentos que no tienen respaldo legal.
Asimismo, la salida forzada por medio del acoso y violencia política de las mujeres de los espacios legislativos está repercutiendo de forma negativa en la composición de estas instancias, poniendo en riesgo los significativos avances que se habían dado en términos de igualdad de género en nuestro país.
Entre 2015 y enero de 2018, el Ministerio Público registró 89 denuncias de acoso y violencia política a nivel nacional y, en los últimos días la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha denunciado diversos hechos de violencia y acoso político contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye en los que en diversas circunstancias los derechos políticos y el derecho a la vida libre de violencia de estas autoridades están siendo violentados.
Cabe señalar que la defensa de la paridad, la igualdad, la no discriminación, la descolonización y la despatriarcalización, son fundamentales e impostergables y este tipo de hechos los pone en riesgo.
Por lo tanto:
Exigimos al OEP hacer conocer qué organizaciones políticas están permitiendo esta vulneración a los derechos de representación de las mujeres. Asimismo, reiteramos el llamado para que esta instancia redoble sus esfuerzos para efectuar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política y buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos garantizar el derecho de las legisladoras y concejalas electas por voto ciudadano a ejercer sus cargos por 5 años, por respeto al voto del pueblo boliviano.
Demandamos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, manifestando “tolerancia cero” y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos a los líderes de las organizaciones políticas por su silencio cómplice ante esta vulneración. Esto sólo expresa la mentalidad machista y patriarcal que persiste en las organizaciones a las que representan.
Denunciamos el daño a la gestión pública que provocan estos cambios en las instancias legislativas. Algunas autoridades que ya han ganado experiencia se ven, a media gestión, privadas del derecho de seguir ejerciendo por parte de nuevas autoridades, las mismas que deben volver a utilizar recursos y tiempo en ganar experiencia. Esta situación debilita la democracia y va en desmedro de la gestión pública.
Repudiamos los hechos de violencia contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye, denunciados en los últimos días, y demandamos la pronta investigación y sanción de los mismos.
Llamamos a las autoridades a asumir medidas para prevenir nuevos atropellos y resguardar los derechos e integridad de las concejalas agredidas.
Denunciamos que a 6 años de haber sido promulgada la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta, que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Exigimos al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deliberar y legislar la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo la norma que ponga alto a esta violación del derecho a la participación política, se haga cumplir la paridad en gestión completa y la representación como autoridades sin acoso ni violencia.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
LA PARIDAD ES UN PATRIMONIO IRRENUNCIABLE DE LA DEMOCRACIA
País:
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Bolivia es un referente en la región en participación política de las mujeres por la paridad lograda, especialmente en el Órgano Legislativo y la paridad es un patrimonio fundamental para la profundización de la democrática.
Sin embargo, hasta mayo de 2018, el Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres y que hasta la fecha alrededor de 70 mujeres representantes han presentado su renuncia al cargo para el que fueron electas por voto popular, a pesar de quedarles media gestión del mandato.
Muchas de las renuncias que se están presentando obedecen no a la voluntad de las autoridades, sino a situaciones de acoso, violencia política y diversas formas de intimidación vinculadas a supuestas formas de “disciplina partidaria” o la firma de documentos que no tienen respaldo legal.
Asimismo, la salida forzada por medio del acoso y violencia política de las mujeres de los espacios legislativos está repercutiendo de forma negativa en la composición de estas instancias, poniendo en riesgo los significativos avances que se habían dado en términos de igualdad de género en nuestro país.
Entre 2015 y enero de 2018, el Ministerio Público registró 89 denuncias de acoso y violencia política a nivel nacional y, en los últimos días la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) ha denunciado diversos hechos de violencia y acoso político contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye en los que en diversas circunstancias los derechos políticos y el derecho a la vida libre de violencia de estas autoridades están siendo violentados.
Cabe señalar que la defensa de la paridad, la igualdad, la no discriminación, la descolonización y la despatriarcalización, son fundamentales e impostergables y este tipo de hechos los pone en riesgo.
Por lo tanto:
Exigimos al OEP hacer conocer qué organizaciones políticas están permitiendo esta vulneración a los derechos de representación de las mujeres. Asimismo, reiteramos el llamado para que esta instancia redoble sus esfuerzos para efectuar seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política y buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos garantizar el derecho de las legisladoras y concejalas electas por voto ciudadano a ejercer sus cargos por 5 años, por respeto al voto del pueblo boliviano.
Demandamos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, manifestando “tolerancia cero” y asegurar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos a los líderes de las organizaciones políticas por su silencio cómplice ante esta vulneración. Esto sólo expresa la mentalidad machista y patriarcal que persiste en las organizaciones a las que representan.
Denunciamos el daño a la gestión pública que provocan estos cambios en las instancias legislativas. Algunas autoridades que ya han ganado experiencia se ven, a media gestión, privadas del derecho de seguir ejerciendo por parte de nuevas autoridades, las mismas que deben volver a utilizar recursos y tiempo en ganar experiencia. Esta situación debilita la democracia y va en desmedro de la gestión pública.
Repudiamos los hechos de violencia contra las concejalas Mary Carmen de la Cruz Mamani, Sonia Calamani, Jaqueline Rivero, Mónica Roxana Paye, denunciados en los últimos días, y demandamos la pronta investigación y sanción de los mismos.
Llamamos a las autoridades a asumir medidas para prevenir nuevos atropellos y resguardar los derechos e integridad de las concejalas agredidas.
Denunciamos que a 6 años de haber sido promulgada la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta, que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.
Exigimos al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) deliberar y legislar la Ley de Organizaciones Políticas, estableciendo la norma que ponga alto a esta violación del derecho a la participación política, se haga cumplir la paridad en gestión completa y la representación como autoridades sin acoso ni violencia.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
LA PARIDAD ES UN PATRIMONIO IRRENUNCIABLE DE LA DEMOCRACIA
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