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La participación política es un derecho de las mujeres que el Estado debe garantizar; sin embargo, las mujeres que deciden ingresar en la arena pública en nuestro país, enfrentan un conjunto de desafíos y dificultades que imponen los prejuicios machistas de una sociedad profundamente patriarcal, uno de los más importantes es el acoso y la violencia política.
El Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres sólo en 2018, tanto en los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, como ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Esto significa que mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública están siendo blanco del ataque sistemático de quienes se resisten a reconocer las disposiciones normativas que garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y, de manera particular, a la representación.
Ante estos hechos, desde la Coordinadora de la Mujer:
Denunciamos que la mal llamada “gestión compartida” y "alternancia" mal interpretada son utilizadas como pretexto para presionar a las mujeres a renunciar a los cargos para los que fueron electas por voto popular, vulnerando así un principio fundamental de la democracia que es el respeto a la voluntad de las y los electores.
Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y, particularmente las formas que adoptan el acoso y la violencia política, que se han arraigado en la cultura y práctica política de nuestro país y que constituyen una franca violación al derecho a la participación política de las mujeres.
Felicitamos la determinada labor de seguimiento del Tribunal Supremo Electoral; pero al mismo tiempo, demandamos a los Tribunales Electorales Departamentales, Ministerio Público y otras instancias competentes, redoblar los esfuerzos para efectuar un seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política, y garantizar el ejercico de la participación política de las mujeres. Asimismo, buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, incluyendo a sus familiares, respetando la normativa vigente respecto a la permanencia de las autoridades electas para la gestión (5 años). Esto demandará “tolerancia cero” a actos de violencia y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos que a 6 años de la promulgación de la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Esta situación muestra la necesidad de contar en el país con una nueva Ley de Organizaciones Políticas acorde a la Constitución Política del Estado, que consolide los logros alcanzados en materia de democracia paritaria e intercultural.
Llamamos a que la Asamblea Legislativa Plurinacional ejerza su función de fiscalización, vigilando que sus organizaciones políticas y todas las instancias cumplan con lo señalado en la norma y dé ejemplo de cumplimiento, adecuando sus propios reglamentos para sancionar los hechos de acoso y violencia política que se han producido en su interior.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres, del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
EL TIEMPO DE LA PARIDAD ES AHORA
País: BOLIVIA
La participación política es un derecho de las mujeres que el Estado debe garantizar; sin embargo, las mujeres que deciden ingresar en la arena pública en nuestro país, enfrentan un conjunto de desafíos y dificultades que imponen los prejuicios machistas de una sociedad profundamente patriarcal, uno de los más importantes es el acoso y la violencia política.
El Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres sólo en 2018, tanto en los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, como ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Esto significa que mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública están siendo blanco del ataque sistemático de quienes se resisten a reconocer las disposiciones normativas que garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y, de manera particular, a la representación.
Ante estos hechos, desde la Coordinadora de la Mujer:
Denunciamos que la mal llamada “gestión compartida” y "alternancia" mal interpretada son utilizadas como pretexto para presionar a las mujeres a renunciar a los cargos para los que fueron electas por voto popular, vulnerando así un principio fundamental de la democracia que es el respeto a la voluntad de las y los electores.
Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y, particularmente las formas que adoptan el acoso y la violencia política, que se han arraigado en la cultura y práctica política de nuestro país y que constituyen una franca violación al derecho a la participación política de las mujeres.
Felicitamos la determinada labor de seguimiento del Tribunal Supremo Electoral; pero al mismo tiempo, demandamos a los Tribunales Electorales Departamentales, Ministerio Público y otras instancias competentes, redoblar los esfuerzos para efectuar un seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política, y garantizar el ejercico de la participación política de las mujeres. Asimismo, buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, incluyendo a sus familiares, respetando la normativa vigente respecto a la permanencia de las autoridades electas para la gestión (5 años). Esto demandará “tolerancia cero” a actos de violencia y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos que a 6 años de la promulgación de la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Esta situación muestra la necesidad de contar en el país con una nueva Ley de Organizaciones Políticas acorde a la Constitución Política del Estado, que consolide los logros alcanzados en materia de democracia paritaria e intercultural.
Llamamos a que la Asamblea Legislativa Plurinacional ejerza su función de fiscalización, vigilando que sus organizaciones políticas y todas las instancias cumplan con lo señalado en la norma y dé ejemplo de cumplimiento, adecuando sus propios reglamentos para sancionar los hechos de acoso y violencia política que se han producido en su interior.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres, del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
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País: BOLIVIA
La participación política es un derecho de las mujeres que el Estado debe garantizar; sin embargo, las mujeres que deciden ingresar en la arena pública en nuestro país, enfrentan un conjunto de desafíos y dificultades que imponen los prejuicios machistas de una sociedad profundamente patriarcal, uno de los más importantes es el acoso y la violencia política.
El Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres sólo en 2018, tanto en los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, como ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Esto significa que mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública están siendo blanco del ataque sistemático de quienes se resisten a reconocer las disposiciones normativas que garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y, de manera particular, a la representación.
Ante estos hechos, desde la Coordinadora de la Mujer:
Denunciamos que la mal llamada “gestión compartida” y "alternancia" mal interpretada son utilizadas como pretexto para presionar a las mujeres a renunciar a los cargos para los que fueron electas por voto popular, vulnerando así un principio fundamental de la democracia que es el respeto a la voluntad de las y los electores.
Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y, particularmente las formas que adoptan el acoso y la violencia política, que se han arraigado en la cultura y práctica política de nuestro país y que constituyen una franca violación al derecho a la participación política de las mujeres.
Felicitamos la determinada labor de seguimiento del Tribunal Supremo Electoral; pero al mismo tiempo, demandamos a los Tribunales Electorales Departamentales, Ministerio Público y otras instancias competentes, redoblar los esfuerzos para efectuar un seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política, y garantizar el ejercico de la participación política de las mujeres. Asimismo, buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, incluyendo a sus familiares, respetando la normativa vigente respecto a la permanencia de las autoridades electas para la gestión (5 años). Esto demandará “tolerancia cero” a actos de violencia y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos que a 6 años de la promulgación de la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Esta situación muestra la necesidad de contar en el país con una nueva Ley de Organizaciones Políticas acorde a la Constitución Política del Estado, que consolide los logros alcanzados en materia de democracia paritaria e intercultural.
Llamamos a que la Asamblea Legislativa Plurinacional ejerza su función de fiscalización, vigilando que sus organizaciones políticas y todas las instancias cumplan con lo señalado en la norma y dé ejemplo de cumplimiento, adecuando sus propios reglamentos para sancionar los hechos de acoso y violencia política que se han producido en su interior.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres, del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
EL TIEMPO DE LA PARIDAD ES AHORA
País: BOLIVIA
La participación política es un derecho de las mujeres que el Estado debe garantizar; sin embargo, las mujeres que deciden ingresar en la arena pública en nuestro país, enfrentan un conjunto de desafíos y dificultades que imponen los prejuicios machistas de una sociedad profundamente patriarcal, uno de los más importantes es el acoso y la violencia política.
El Observatorio de Paridad Democrática del Órgano Electoral Plurinacional registró 65 denuncias por acoso y/o violencia política contra mujeres sólo en 2018, tanto en los Tribunales Electorales Departamentales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Chuquisaca y Potosí, como ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Esto significa que mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública están siendo blanco del ataque sistemático de quienes se resisten a reconocer las disposiciones normativas que garantizan el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y, de manera particular, a la representación.
Ante estos hechos, desde la Coordinadora de la Mujer:
Denunciamos que la mal llamada “gestión compartida” y "alternancia" mal interpretada son utilizadas como pretexto para presionar a las mujeres a renunciar a los cargos para los que fueron electas por voto popular, vulnerando así un principio fundamental de la democracia que es el respeto a la voluntad de las y los electores.
Rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y, particularmente las formas que adoptan el acoso y la violencia política, que se han arraigado en la cultura y práctica política de nuestro país y que constituyen una franca violación al derecho a la participación política de las mujeres.
Felicitamos la determinada labor de seguimiento del Tribunal Supremo Electoral; pero al mismo tiempo, demandamos a los Tribunales Electorales Departamentales, Ministerio Público y otras instancias competentes, redoblar los esfuerzos para efectuar un seguimiento a las denuncias de acoso y violencia política, y garantizar el ejercico de la participación política de las mujeres. Asimismo, buscar mecanismos para investigar y sancionar efectivamente estos comportamientos y proteger a las mujeres en espacios de decisión política.
Exigimos que las organizaciones políticas impulsen acciones concretas para enfrentar el acoso y la violencia política contra las mujeres, incluyendo a sus familiares, respetando la normativa vigente respecto a la permanencia de las autoridades electas para la gestión (5 años). Esto demandará “tolerancia cero” a actos de violencia y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos políticos de sus militantes mujeres, en condiciones de seguridad.
Denunciamos que a 6 años de la promulgación de la Ley N° 243 Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, ni las organizaciones políticas, ni las organizaciones sociales, ni tampoco las instituciones públicas han cumplido con las disposiciones señaladas en la norma, particularmente las disposiciones finales Cuarta y Quinta que establecen la obligación de incorporar en los estatutos y reglamentos internos de las organizaciones sociales y políticas de instituciones públicas, disposiciones referidas a la prevención, atención y sanción de los actos de acoso y violencia política hacia las mujeres; además de incorporar disposiciones específicas que promuevan y garanticen la participación política en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres. Esta situación muestra la necesidad de contar en el país con una nueva Ley de Organizaciones Políticas acorde a la Constitución Política del Estado, que consolide los logros alcanzados en materia de democracia paritaria e intercultural.
Llamamos a que la Asamblea Legislativa Plurinacional ejerza su función de fiscalización, vigilando que sus organizaciones políticas y todas las instancias cumplan con lo señalado en la norma y dé ejemplo de cumplimiento, adecuando sus propios reglamentos para sancionar los hechos de acoso y violencia política que se han producido en su interior.
Llamamos a organizaciones de la sociedad civil, toda la población, mujeres y hombres, del país a exigir y demandar el respeto a los avances democráticos conquistados en términos de participación política de las mujeres y rechazar enfáticamente cualquier hecho que intente conculcar/vulnerar sus derechos.
¡NUNCA MÁS SIN LAS MUJERES!
EL TIEMPO DE LA PARIDAD ES AHORA
País: BOLIVIA
