La Paz, 24 de noviembre de 2020 (CM).- Bolivia es el único país de América Latina que cuenta con una ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres, la Ley N° 243 de 2012, una norma que es referente en la región para otras iniciativas legislativas de la misma naturaleza. Sin embargo, a ocho años de su promulgación, persiste la impunidad y el acoso y violencia política acompañan como una sombra el accionar de las mujeres en la política. Este 25 de noviembre, cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las mujeres bolivianas reafirman los desafíos pendientes para el ejercicio pleno de sus derechos.

La Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA (CIM/OEA) y ONU Mujeres advierten que el aumento de la representación de las mujeres en la política ha hecho más visibles los casos de violencia contra ellas, sin embargo, pocos países han tomado medidas para prevenirla y sancionarla. “Son pocos en la región y en el mundo los que han desarrollado herramientas para el monitoreo y abordaje de esos casos, y solamente Bolivia cuenta con una ley específica sobre acoso y violencia política contra las mujeres”, señalan en el informe Violencia contra las mujeres en política en América Latina: mapeo legislativo y proyectos y proyectos parlamentarios, publicado el 12 de noviembre.

Según el informe, en América Latina, nueve países adoptaron un marco normativo paritario en el nivel nacional de gobierno, orientado a regular la elaboración de las listas de candidatos: Argentina (2017), Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), México (2014), Nicaragua (2010), Panamá, (2012) y Perú (2019). “Todos estos, a excepción de Nicaragua, avanzaron en el diseño de una estrategia legal (ya adoptada y/o en discusión) contra el acoso y/o violencia política de género, lo que demuestra que se trata de un proceso que tiende a construirse de forma conjunta”.

En ese marco, la CIM/OEA y ONU Mujeres destacan la experiencia de Bolivia no sólo por ser el único país que adoptó una ley específica contra el acoso y/o violencia política de género, sino también porque esta norma permeó otros marcos legales orientados a proteger a las mujeres de la violencia, por ejemplo, la Ley N° 348 Integral para garantizar una vida libre de violencia (2013) y la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas (2018). Esta última obliga a partidos y agrupaciones ciudadanas incorporar en su estructura orgánica mecanismos de prevención, atención y sanción del acoso y violencia política hacia las mujeres.

“No obstante, el andamiaje normativo construido aún no se condice con su efectiva implementación”, apunta el informe, el cual recuerda que el asesinato de la concejala Juana Quispe en 2012 todavía está impune. “Así, este caso pone en evidencia la tensión existente entre el diseño del texto de la ley y su aplicabilidad efectiva, debido a una falta de voluntad política”.

Mónica Novillo, directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, lamenta que a ocho años de la promulgación de la Ley N° 243, pionera en la región, ningún agresor haya recibido una sanción hasta la fecha. “A propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordamos que si bien existen varias formas de violencia contra las mujeres, la impunidad contribuye a naturalizar la violencia y el acoso político”.

Impunidad

El más reciente caso de acoso y violencia política en Bolivia tuvo lugar el 18 de noviembre en Sipe Sipe, donde la alcaldesa María Heredia no sólo fue tomada como rehén por un día y medio, sino que fue víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de padres y madres de familia de ese municipio cochabambino, que demandaban el pago del bono escolar en especie. “Fue violencia en extremo. La alcaldesa fue humillada, insultada y hasta tuvo que esconderse debajo de una cama para resguardar su vida”, recuerda la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, organización que emitió un pronunciamiento exigiendo al Estado protección para la autoridad edil y sanción para los responsables.

Desde la vivienda de su hijo, donde buscó refugio, la alcaldesa cuenta que durante toda su gestión vivió el asedio de sus detractores, sobre todo hombres de partidos políticos contrarios al MAS, en cuyas filas milita desde joven. “Me han acusado de todo y nunca han probado nada. Pero nunca pensé que llegarían a este extremo. Han amenazado con quemar mi casa y matarme. Me pregunto si todo esto es porque soy una autoridad mujer y, además, de pollera”, dice Heredia, en contacto telefónico con el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer.

Según datos del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), desde 2016 hasta 2020 (23 de noviembre), el ente electoral ha registrado 142 denuncias y 38 renuncias por acoso y violencia política hacia las mujeres. Cabe precisar que este año, 61 autoridades electas y candidatas renunciaron por motivos personales, enfermedad y otros.

La evidencia ha demostrado que las autoridades más afectadas por el acoso y violencia política son las concejalas. Como referencia, de las 21 denuncias registradas en 2019 por el OEP, 17 corresponden a concejalas titulares, dos a concejalas suplentes, una a una asambleísta titular y una a autoridades originarias.

En tanto, la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) registró en 2019 un total de 127 denuncias de acoso y violencia política. El 83% de las denunciantes acudió a la vía administrativa; el 8% a la vía penal; un 4% a la vía penal y electoral; y 2% a la vía penal y constitucional.

En criterio de Lucía Vargas, responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer, ninguna de estas vías establecidas en la Ley N° 243 y a las que acuden las afectadas están funcionando efectivamente. “Los obstáculos más frecuentes para la aplicación de esta ley en la vía penal son la falta de capacitación y conocimiento de la norma por parte de los operadores de justicia, Ministerio Público y Policía; la falta de patrocinio legal gratuito, la falta de recursos económicos de las denunciantes para impulsar el proceso, el uso indebido de influencias, así como las grandes barreras estructurales, como la retardación de justicia  y la corrupción”.

En la vía administrativa --donde más acuden las víctimas, según datos de Acobol--, pocas instituciones públicas adecuaron su normativa interna a la ley, a fin de abrir un proceso y aplicar las sanciones.

A pesar de todas las dificultades y limitaciones que encuentran en su camino, las mujeres bolivianas no quieren dar marcha atrás en su lucha por acceder a espacios de decisión, no otra cosa significa que el 56% de los curules en la Cámara de Senadores y el 47% en la Cámara de Diputados hoy estén ocupados por mujeres. Como dice la alcaldesa María Heredia “la política no solo es cosa de hombres; las mujeres también queremos decidir por nuestro país, así como decidimos por nuestras familias”.

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