La región frente a la violencia de género: avances legales, retrocesos institucionales y desafíos urgentes para garantizar justicia
2025-12-11
En el Día de los Derechos Humanos, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género adelantó en la XXI Reunión del Comité de Expertas del MESECVI (Fortaleza, Brasil) los hallazgos principales de un análisis sobre violencia de género, acceso a la justicia y políticas de igualdad en siete países de la región. Dicho informe se realizó en el marco del proyecto «Oportunidades para las Justicias desde América Latina», que cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
Se trata de un análisis comparativo de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la situación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú durante el período 2022-2024, complementando lo observado entre 2018 y 2022 por el MESECVI en su cuarta ronda de evaluación. Nuestro objetivo es visibilizar lo ocurrido en dos años especialmente dinámicos para la región, marcados por ciertos avances pero también por retrocesos de gran magnitud, cuyos efectos ya están impactando en las posibilidades reales de acceso a la justicia para las víctimas de violencia.
Los hallazgos muestran avances normativos, pero también retrocesos institucionales y déficits graves de implementación.
Principales hallazgos
La paradoja regional: Aunque nuestros países han logrado avances significativos en el desarrollo de marcos normativos, esos avances no se están traduciendo en transformaciones reales en la vida de las mujeres en todas sus diversidades.
Hay cuatro problemas estructurales que mantienen brechas críticas entre el texto de las leyes y la implementación:
– Falta de presupuesto suficiente, especialmente para servicios de atención, protección y reparación.
– Escasa coordinación interinstitucional, incluso en países que cuentan con planes nacionales formalmente robustos.
– Escasez de recursos humanos adecuados, formados en la problemática
– Ausencia de mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que debilita la exigibilidad del principio de debida diligencia.
La falta de resultados concretos, derivada precisamente de esta débil implementación, se traduce en fundamentos para que desde ciertos sectores se alimente un cuestionamiento de las leyes y los avances normativos, presentándolos como “ineficientes” o “excesivos”. De esta manera, las amenazas políticas de reforma o eliminación a derechos consagrados y los retrocesos institucionales en los mecanismos de género se expanden en la región a gran velocidad.
Creemos que esta conclusión es errónea. No es posible atribuir la falla de implementación como un error de la legislación ya que la norma, por sí sola, no basta: sin presupuesto, sin instituciones sólidas, sin personal capacitado y sin sistemas de información de calidad, ninguna ley puede proteger efectivamente a las mujeres y diversidades.
Instituciones debilitadas y retrocesos en políticas de igualdad
En segundo lugar, el informe evidencia otra tendencia preocupante, y en claro aumento,: el debilitamiento, y en algunos países incluso la eliminación, de la institucionalidad de género.
Incluso en los países que han producido avances institucionales recientes, como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia o la Secretaría de las Mujeres en México, persisten grandes desafíos de financiamiento, territorialidad y articulación.
Argentina enfrenta desde diciembre de 2023 un desmantelamiento acelerado del sistema y una caída del 62?l presupuesto real en 2024. Ecuador atravesó jerarquizaciones y eliminaciones sucesivas de su organismo rector, recortes del 23% y la subordinación de la política de género a agendas de seguridad.
Los planes nacionales, presentes en todos los países excepto Argentina, también enfrentan problemas de recursos, monitoreo y alcance. Aunque reconocen un enfoque interseccional, ninguno exhibe una implementación adecuada para comunidades indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+, migrantes, personas con discapacidad o poblaciones rurales.
La ausencia de campañas preventivas y sostenidas es otro punto crítico. En Argentina no hubo campañas desde diciembre de 2023; en el resto de los países, cuando existen, resultan escasas y con impacto limitado.
Acceso a la justicia: demoras y obstáculos
Los datos que arroja nuestro informe son contundentes. La violencia de género y los feminicidios continúan siendo un problema extendido. Y el porcentaje de quienes buscan ayuda es alarmantemente bajo: En Perú, solo el 29,5% de quienes sufrieron violencia física recurrieron a alguna institución para buscar ayuda; en Ecuador, el 94,3% de las mujeres violentadas no denuncia.
Entre quienes sí denuncian, el acceso a medidas de protección resulta insuficiente, discontinuo o inefectivo. En México, las órdenes otorgadas representan aproximadamente el 12.6% de los casos de violencia de género registrados a nivel nacional (BANAVIM). El porcentaje de mujeres víctimas de femicidio que contaban con una medida de protección es bajísimo: En Argentina, solo 2 de cada 10. En Chile, la mayoría de las víctimas de feminicidio no había denunciado previamente: 81% en 2022 y 65% en 2024.
En Ecuador, en casos de femicidios las tasas de resolución caen del 28% en 2021 al 2,24% en 2024. En Colombia solo el 32% de los procesos termina con resolución condenatoria. En casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, se registra solo un 2? sentencias condenatorias (Comisión Colombiana de Juristas, corte a abril de 2024).
Los datos muestran problemas sistemáticos:
– Medidas de protección insuficientes o sin supervisión
– Investigaciones lentas y de baja calidad
– Estereotipos de género persistentes
– Servicios especializados escasos y concentrados en áreas urbanas.
Para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+ y mujeres con discapacidad, estas barreras se multiplican y profundizan las desigualdades.
Déficit grave de información pública
La región presenta sistemas de información fragmentados, opacos y no interoperables, con retrasos y falta de datos desagregados. En algunos casos, incluso se interrumpieron registros oficiales.
Sin información confiable, los Estados no pueden cumplir con su deber de debida diligencia ni orientar políticas basadas en evidencia.
La violencia contra las mujeres y diversidades puede prevenirse si existen políticas basadas en evidencia, instituciones sólidas, presupuesto adecuado y sistemas de justicia eficaces y libres de estereotipos.
Una democracia real solo es posible cuando todas las personas pueden vivir libres de violencias.
Los avances logrados son un punto de partida, no de llegada: el desafío es mejorar lo que no funciona, fortalecer lo que sí, y asegurar que cada conquista se sostenga en el tiempo a través de financiamiento, monitoreo y acciones concretas.
————————————————————————————————————————–
Con más de dos décadas de trabajo sostenido, la ARF documenta la situación de los derechos humanos de las mujeres en sus diversidades, acompaña procesos legislativos y contribuye al fortalecimiento institucional en la región. Su producción de conocimiento se sustenta en evidencia y en una presencia activa en los territorios. La articulación es integrada por la Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Corporación Humanas (Chile, Ecuador y Colombia), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA (Argentina), EQUIS (México) y DEMUS (Perú).
2025-12-11
En el Día de los Derechos Humanos, la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género adelantó en la XXI Reunión del Comité de Expertas del MESECVI (Fortaleza, Brasil) los hallazgos principales de un análisis sobre violencia de género, acceso a la justicia y políticas de igualdad en siete países de la región. Dicho informe se realizó en el marco del proyecto «Oportunidades para las Justicias desde América Latina», que cuenta con el apoyo del Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer.
Se trata de un análisis comparativo de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones sobre la situación de la violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú durante el período 2022-2024, complementando lo observado entre 2018 y 2022 por el MESECVI en su cuarta ronda de evaluación. Nuestro objetivo es visibilizar lo ocurrido en dos años especialmente dinámicos para la región, marcados por ciertos avances pero también por retrocesos de gran magnitud, cuyos efectos ya están impactando en las posibilidades reales de acceso a la justicia para las víctimas de violencia.
Los hallazgos muestran avances normativos, pero también retrocesos institucionales y déficits graves de implementación.
Principales hallazgos
La paradoja regional: Aunque nuestros países han logrado avances significativos en el desarrollo de marcos normativos, esos avances no se están traduciendo en transformaciones reales en la vida de las mujeres en todas sus diversidades.
Hay cuatro problemas estructurales que mantienen brechas críticas entre el texto de las leyes y la implementación:
– Falta de presupuesto suficiente, especialmente para servicios de atención, protección y reparación.
– Escasa coordinación interinstitucional, incluso en países que cuentan con planes nacionales formalmente robustos.
– Escasez de recursos humanos adecuados, formados en la problemática
– Ausencia de mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que debilita la exigibilidad del principio de debida diligencia.
La falta de resultados concretos, derivada precisamente de esta débil implementación, se traduce en fundamentos para que desde ciertos sectores se alimente un cuestionamiento de las leyes y los avances normativos, presentándolos como “ineficientes” o “excesivos”. De esta manera, las amenazas políticas de reforma o eliminación a derechos consagrados y los retrocesos institucionales en los mecanismos de género se expanden en la región a gran velocidad.
Creemos que esta conclusión es errónea. No es posible atribuir la falla de implementación como un error de la legislación ya que la norma, por sí sola, no basta: sin presupuesto, sin instituciones sólidas, sin personal capacitado y sin sistemas de información de calidad, ninguna ley puede proteger efectivamente a las mujeres y diversidades.
Instituciones debilitadas y retrocesos en políticas de igualdad
En segundo lugar, el informe evidencia otra tendencia preocupante, y en claro aumento,: el debilitamiento, y en algunos países incluso la eliminación, de la institucionalidad de género.
Incluso en los países que han producido avances institucionales recientes, como la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia o la Secretaría de las Mujeres en México, persisten grandes desafíos de financiamiento, territorialidad y articulación.
Argentina enfrenta desde diciembre de 2023 un desmantelamiento acelerado del sistema y una caída del 62?l presupuesto real en 2024. Ecuador atravesó jerarquizaciones y eliminaciones sucesivas de su organismo rector, recortes del 23% y la subordinación de la política de género a agendas de seguridad.
Los planes nacionales, presentes en todos los países excepto Argentina, también enfrentan problemas de recursos, monitoreo y alcance. Aunque reconocen un enfoque interseccional, ninguno exhibe una implementación adecuada para comunidades indígenas, afrodescendientes, LGBTIQ+, migrantes, personas con discapacidad o poblaciones rurales.
La ausencia de campañas preventivas y sostenidas es otro punto crítico. En Argentina no hubo campañas desde diciembre de 2023; en el resto de los países, cuando existen, resultan escasas y con impacto limitado.
Acceso a la justicia: demoras y obstáculos
Los datos que arroja nuestro informe son contundentes. La violencia de género y los feminicidios continúan siendo un problema extendido. Y el porcentaje de quienes buscan ayuda es alarmantemente bajo: En Perú, solo el 29,5% de quienes sufrieron violencia física recurrieron a alguna institución para buscar ayuda; en Ecuador, el 94,3% de las mujeres violentadas no denuncia.
Entre quienes sí denuncian, el acceso a medidas de protección resulta insuficiente, discontinuo o inefectivo. En México, las órdenes otorgadas representan aproximadamente el 12.6% de los casos de violencia de género registrados a nivel nacional (BANAVIM). El porcentaje de mujeres víctimas de femicidio que contaban con una medida de protección es bajísimo: En Argentina, solo 2 de cada 10. En Chile, la mayoría de las víctimas de feminicidio no había denunciado previamente: 81% en 2022 y 65% en 2024.
En Ecuador, en casos de femicidios las tasas de resolución caen del 28% en 2021 al 2,24% en 2024. En Colombia solo el 32% de los procesos termina con resolución condenatoria. En casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y el desplazamiento forzado, se registra solo un 2? sentencias condenatorias (Comisión Colombiana de Juristas, corte a abril de 2024).
Los datos muestran problemas sistemáticos:
– Medidas de protección insuficientes o sin supervisión
– Investigaciones lentas y de baja calidad
– Estereotipos de género persistentes
– Servicios especializados escasos y concentrados en áreas urbanas.
Para mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes, LGBTIQ+ y mujeres con discapacidad, estas barreras se multiplican y profundizan las desigualdades.
Déficit grave de información pública
La región presenta sistemas de información fragmentados, opacos y no interoperables, con retrasos y falta de datos desagregados. En algunos casos, incluso se interrumpieron registros oficiales.
Sin información confiable, los Estados no pueden cumplir con su deber de debida diligencia ni orientar políticas basadas en evidencia.
La violencia contra las mujeres y diversidades puede prevenirse si existen políticas basadas en evidencia, instituciones sólidas, presupuesto adecuado y sistemas de justicia eficaces y libres de estereotipos.
Una democracia real solo es posible cuando todas las personas pueden vivir libres de violencias.
Los avances logrados son un punto de partida, no de llegada: el desafío es mejorar lo que no funciona, fortalecer lo que sí, y asegurar que cada conquista se sostenga en el tiempo a través de financiamiento, monitoreo y acciones concretas.
————————————————————————————————————————–
Con más de dos décadas de trabajo sostenido, la ARF documenta la situación de los derechos humanos de las mujeres en sus diversidades, acompaña procesos legislativos y contribuye al fortalecimiento institucional en la región. Su producción de conocimiento se sustenta en evidencia y en una presencia activa en los territorios. La articulación es integrada por la Coordinadora de la Mujer (Bolivia), Corporación Humanas (Chile, Ecuador y Colombia), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA (Argentina), EQUIS (México) y DEMUS (Perú).